Día 243: La idea de la prórroga vuelve a rondar y surgen cuatro ideas para reemplazar al TC
Hay algunos que piensan que van a terminar hechos bolsa con las larguísimas jornadas de trabajo, mientras que otros creen que la Constitución hay que sacarla sí o sí el 4 de julio próximo.
La idea anda dando vueltas: ir a mendigarle una prórroga a un Senado que estará en manos de la derecha. Algunos creen que eso será lo mejor para Chile. Otros creen que es una tontera, que tiempo adicional no asegura un mejor resultado y que, para peor, la derecha tendrá más tiempo para sabotear y difundir información falsa para que gane el retraso… perdón, el rechazo.
El socialista César Valenzuela es de los que adhirió a la idea, una que calificó como “un acto de sensatez y responsabilidad solicitar una prórroga, la Convención ha mirado al techo durante mucho tiempo con este tema (...) uno no puede pensar que el proyecto de nueva Constitución lo vamos a terminar construyendo hasta las 4 de la mañana todos los días”.
Gaspar Domínguez, el vicepresidente de la mesa directiva, sostuvo que “no es razonable hacer una organización del trabajo distinta a terminar el 4 de julio, pero si el Congreso estableciera tres o cuatro meses más, sería bien recibido”.
“El tiempo es uno de los principales desafíos que tenemos en esta Convención Constitucional, sin embargo, tenemos que hacer aquí dos divisiones, la primera nosotros tenemos un mandato que es hasta el 4 de julio y nuestra organización, nuestro cronograma, nuestro trabajo está orientado en terminar en ese plazo”, agregó.
“Para poder someter esto a una discusión seria debemos, por lo menos, esperar a recibir el primer informe de cada una de las comisiones, cuestión que pasará a finales de marzo y podremos tener más clara la calendarización”, añadió.
¿La solución? Esperar a fines de marzo, cuando ya se hayan recibido todos los informes, y ver ahí si es necesario pedir una extensión. “De hecho, el cronograma que establece el trabajo lo votamos y lo definimos en diciembre del año pasado y las iniciativas de norma llegaron hasta el primero de febrero. Es decir, la calendarización de las actividades que teníamos, es una calendarización que construimos a ciegas sin saber cuántas normas tendríamos, por eso creemos que es razonable retomar esta discusión a finales de marzo cuando tengamos los primeros informes recibidos”, añadió.
Pero hay muchos que no quieren saber nada de prórrogas. Elisa Loncón, por ejemplo. Ni hablar de la derecha. El RN Luis Mayol, por ejemplo, sostuvo que “el Congreso no lo va a otorgar y no debería hacerlo tampoco. Fuimos elegidos por nueve meses y un alargue de tres en caso de que no alcanzáramos. Lo dije desde el día uno: que no perdiéramos el tiempo en cosas que no correspondían al mandato nuestro”.
Más categórica fue la UDI Marcela Cubillos: “El problema que tiene el texto que se esta aprobando en esta Convención no es un problema de plazo. El problema es una mayoría media iluminada que hay aquí adentro que quiere borrar el Chile que conocemos e inventar un país desde cero (…) Eso lo pueden hacer en dos meses, tres meses, cuatro meses, seis meses, da lo mismo; el tema acá no es de plazos”.
“Llama la atención que un proceso que surge para combatir privilegios, como se dijo, este pidiendo un privilegio que no tiene ningún chileno común y corriente, que es de no cumplir su pega en los tiempos y forma”, agregó.
“Aquí hay una mayoría que tiene los votos para escribir la constitución sola, y cada vez que alinean hacen lo que quieren”, sentenció finalmente.
Rojas Vade dice que se va (al fin)
Rodrigo Rojas Vade aseguró que “desde un inicio propuse de forma voluntaria al Comité de Ética de la Convención Constitucional, como medida reparatoria, la devolución del 100% de las dietas recibidas y no donadas por los días que no trabajé, porque considero que es lo correcto”.
Por ello es que “las donaciones que realicé, al ser a causas benéficas sin personalidad jurídica, no fueron reconocidas como válidas, aún así mantuve mi voluntad de aceptar el acuerdo adoptado según resolución del Comité de Ética”, declaró, sin antes agregar que “presentaré mi renuncia a la Convención Constitucional una vez que se publique la ley que me lo permite”.
Ideas para reemplazar el Tribunal Constitucional
El TC, ese pozo séptico inmundo, tiene los días contados. Y ya hay cuatro propuestas para reemplazarlo en la comisión de Sistemas de Justicia.
El Frente Amplio ingresó una iniciativa que establece que el control de la constitucionalidad será potestad de la Corte Suprema. Es decir, “la Corte Suprema, en sala especialmente constituida y formada por nueve jueces y juezas elegidos por sorteo, podrá declarar, a petición del tribunal que conoce de una gestión judicial, la inaplicabilidad de un precepto legal cuya aplicación en el asunto que se sigue ante ese tribunal tenga efectos contrarios a la Constitución”.
Otra, de Independientes No Neutrales, Colectivo Socialista y Pueblo Constituyente, plantea una “Corte Constitucional” que será un organismo autónomo, técnico, profesional, independiente e imparcial, cuyas resoluciones estarán “fundadas únicamente en razones de derecho y gozan de eficacia de cosa juzgada”. La entidad tendrá criterios paritarios y de equidad de género por quince jueces y juezas, que durarán nueve años o hasta que cumplan 75 años y se renovarán por parcialidades de tres años.
Un tercio de los jueces será elegido por el Congreso, dos serán propuestos por la Cámara de Diputados para su aprobación o rechazo en la Cámara Territorial, y tres serán nombrados directamente por esta última.
Otra propuesta fue ingresada convencionales de Colectivo Socialista y Colectivo del Apruebo y también considera la creación de la Corte, pero con once jueces en lugar de quince. En este caso, el Congreso nombrará cinco jueces, el Senado cuatro, la Cámara de Diputados tres, la Presidencia de la República dos y el Consejo de la Judicatura, cuatro.
Y otra propuesta, también llamada Corte Constitucional, fue presentada por Pueblo Constituyente y un grupo de escaños reservados. Establece que la entidad tenga once jueces, cuyo “nombramiento se realizará previa convocatoria pública, abierta y transparente del órgano que corresponda realizar la elección, con al menos seis meses de anticipación”.
Tres jueces serán electos por el Parlamento Plurinacional, tres por la Presidencia de la República, tres por el Consejo de Justicia, y dos provenientes de los pueblos indígenas.
Ya.
Nos vemos.