Día 194: presentan propuestas sobre el agua, la conectividad y la disolución de grupos violentos
Las dos primeras propuestas de norma fueron presentadas por convencionales de izquierda, mientras que la segunda fue presentada por la derecha más rancia a propósito de la violencia rural.
¿Te imaginas una norma constitucional que desprivatice el agua, que ésta quede para la naturaleza y el consumo humano, que cuide los glaciares, los humedales? ¿Y te imaginas una norma que consagre el “derecho a la comunicación y el derecho a la conectividad digital, de tal manera que nadie, ningún niño en un remoto lugar de Chile, se vea privado de acceder a internet para conectarse con el mundo, aprender, estudiar, entretenerse?
De eso se tratan las dos normas presentadas este miércoles. La primera, la iniciativa popular “por el agua, derechos de la naturaleza, y glaciares” sobrepasó con creces las 15 mil firmas requeridas para ser discutida en la comisión. Según indica el texto de la propuesta, “es urgente desprivatizar las aguas y recuperar sus fuentes, establecer los derechos humanos al agua y el saneamiento, y proteger los glaciares y la criosfera en el marco de los Derechos de la Naturaleza”.
“No hemos olvidado al campesino Buenaventura que se suicidó por la falta de agua, no hemos olvidado tampoco al vecino que murió aterrado buscando agua en un pozo”, afirmó Marileu Avendaño, vocera por el Movimiento por el Agua y los Territorios, quien luego refirió a la situación de los glaciares, que es también “una defensa por toda la vida, con un enfoque biocéntrico, que queremos poner en el centro la vida, y que se deje de mercantilizar todas las vidas en este fetiche del mercado, por privatizar y mercantilizar todo”.
Y ya que el 70% del agua que nos abastece proviene de la cordillera, el vocero de la Coordinación de los Territorios en Defensa de los Glaciares, Anthony Prior, señaló que esta norma constitucional podría obligar al Estado a “reconocer y garantizar la importancia de los glaciares en todas sus formas, en todos sus tamaños, en todos los territorios”.
Por cierto: la comisión de Medio Ambiente informó que está cerca de arrancar con el proceso de deliberación y votación de normas. Sus coordinadores Camila Zárate y Juan José Martin realizaron un positivo balance de la etapa de audiencas.
Bonito. Ojalá se apruebe.
Y la otra… también es una buena idea. Y la presentaron convencionales del Colectivo Socialista y del Frente Amplio, y refiere a la necesidad de consagrar “el derecho a la conectividad y la comunicación”, pero también a garantizar al acceso universal a las tecnologías de información y comunicación, del mismo modo que obliga al Estado a superar las brechas de uso y participación.
Tan importante es esta propuesta que, como dijo Ignacio Achurra, “el derecho a la comunicación se comprende como un derecho complementario a lo que pudiéramos entender a la libertad de prensa y la libertad de expresión”, de tal modo quer el Estado debe “generar las condiciones para la emergencia y construcción de un sistema mediático que sea diverso y plural”, donde quepan los medios comunitarios, regionales, etc.
Respecto a la conectividad digital, Achurra detalló que "es clave para habilitar otros derechos que además son fundamentales. Y por eso proponemos que todas las personas tienen derecho a la conectividad digital y al acceso universal, por tanto las tecnologías de la información y la comunicación".
“Ni los particulares, ni las empresas privadas, ni el Estado, podrán de forma unilateral cortar el acceso a la información y a la conectividad por parte de las personas”, añadió Achurra.
Giovanna Roa señaló que “estamos en un mundo globalizado, y nuestro país no es la excepción. Cuando hablamos la garantía del derecho a la conectividad, estamos estableciendo un rol proactivo por parte del Estado para que este nuevo espacio público sea de acceso para todos y todas (…) Tenemos telemedicina, el derecho a la educación, los derechos de los y las trabajadoras en el espacio laboral, que hoy día se están dando en el espacio digital e internet”.
“Qué distinto es un niño que puede acceder a internet para conocer, investigar, estudiar, o que distinto que un hombre, en algún rincón lejano, pueda ver las oportunidades de trabajo o instruirte, respecto a quienes no tienen esa oportunidad”, afirmó Daniel Stingo.
La disolución de grupos violentos
En el mundo hay una soterrada proliferación de organizaciones que apuestan por el fin del estado de derecho y a la subversión violenta del ordenamiento social, político y económico. Esos grupos son esencialmente de derechas. Cosa de ver cómo los trumpistas quisieron asaltar el capitolio en Washington.
El texto de la norma indica el siguiente chorizo: “Las asociaciones, movimientos, organizaciones, o grupos de personas, independientemente de su forma jurídica de constitución, y que efectúen acciones de carácter criminal, vinculados al narcotráfico, tráfico de armas, y otros que señale la ley, también actividades de carácter terrorista o el uso de la fuerza por motivos de carácter ideológicos, ya sea que inciten o promuevan, amparen o ejecuten acciones violentas; serán declaradas disueltos de oficio por los órganos correspondientes, al ser contrarias a esta Constitución, debiendo además, y luego de dicha declaración, ser perseguidos y sancionados por los órganos correspondientes mediante los procedimientos que establezca la ley”.
Curioso, pero es la derecha chilena, con varios émulos de esos trumpistas (nos referimos a la derecha cavernaria), quienes proponen que en la Carta Magna se establezca la “prohibición y disolución de grupos violentos y de carácter delictual, contrarios a la Constitución”.
La republicana y kastista Ruth Hurtado, con un chaleco antibalas, explicó de qué se trata la cosa. Básicamente, la norma propuesta busca poner a Chile a resguardo de “asociaciones, organizaciones, movimientos, grupos de personas, independientes o con forma jurídica, efectúen a algún ataque hacia la ciudadanía”. Y claro: ella, que es de La Araucanía, se refirió al asesinato del agricultor Joel Ovalle en Collipulli, “un hombre que incansablemente estuvo trabajando para combatir la violencia y el terrorismo en su sector, Alboyanco, que es un sector rural que une las comunas de Collipulli y Angol”, señaló Hurtado, quien dijo conocer a la víctima.
"No podemos permitir como convencionales que esta Constitución no sea capaz de asegurar la seguridad a los ciudadanos, y de garantizar el derecho a vivir en paz”, añadió respecto a una propuesta que contó con el patrocinio de Eduardo Cretton, Claudia Castro, Carol Bown, Pollyana Rivera, Katerine Montealegre, Cecilia Ubilla, Harry Jürgensen y Martín Arrau.
Mañana seguimos.