Día 162: Elección Presidencial incidirá en el perfil de los integrantes de la nueva mesa directiva
Si gana Kast, fuerzas progresistas propondrán a quienes sean más hábiles en escenarios confrontacionales. Presentaron propuesta de norma que exige test de droga en el sector público.
Fernando Atria, Christian Viera, Amaya Alvez, Bárbara Sepúlveda… ya empezó la danza de nombres para copar la nueva mesa directiva, votación que se llevará a cabo el 4 de enero de 2022. Obvio: el nombre de quien gane la próxima elección presidencial será determinante para saber el perfil negociador y político del nuevo/a presidente/a, vicepresidente/a y los nueve vicepresidentes/as adjuntos/as.
Marcos Barraza, del Partido Comunista, está seguro de que en un gobierno con Gabriel Boric el proceso podrá continuar sin sobresaltos, ya que es de todo el interés del magallánico escribir una nueva Constitución. “Con Gabriel Boric tenemos a un Presidente que va a apoyar con voluntad y con decisión el proceso constituyente, y el camino para proveernos de una nueva Constitución”.
Y agregó: “Si eventualmente se impusiera la extrema derecha, se requiere de un perfil que enfrente a esa derecha desde más fineza táctica y posiciones políticas”, señaló a radio Cooperativa, anticipando la existencia de alternativas que prefirió mantener en reserva sobre una mesa directiva que, ya electa, deberá ser ratificada tres meses después si el trabajo del ente se extiende hasta completar un año.
Una de las que gana terreno para integrar la mesa es la convencional mapuche Rosa Catrileo, quien, consciente de la gravitación que alcanza el pueblo mapuche, cree que su pueblo debe tener, al menos, un representante. “No porque Elisa haya estado, significa que vamos a quedar excluidos. Un Chile plurinacional significa que siempre tenemos la posibilidad de estar presentes donde se toman las decisiones”, apuntó Catrileo, coordinadora de la Comisión de Sistema de Justicia. Otros señalan a Natividad Llanquileo como una buena opción.
Y dale con la tontera de las drogas
Si ya no teníamos suficiente con la lesera del examen de pelo, los convencionales de Invópoli y RN ya están tramando una propuesta de norma constitucional que obliga a todo el sector público a realizarse un test de drogas. Y esta obligación correría tanto para los cargos de representación como los funcionarios de los tres poderes del estado y los municipios, no importa su pelaje y nivel.
Uno de las brillantes mentes detrás del examen es el RN Roberto Vega, quien le verseó a Biobío afirmando que “el narcotráfico es una actividad que carcome y daña a la sociedad, y puede llevar la corrupción a actores relevantes para la vida nacional, condenado al país a una senda de inseguridad para el futuro y afectando la seguridad del sistema democrático”. ¿Y si le pillan cosas raras? Pues el funcionario público o autoridad deberá dejar su cargo. Pasándose de rosca, la propuesta obligaría a realizar una terapia de rehabilitación. O sea, más que norma constitucional, parece una de esas leyes cornetas que presentan en el Congreso.
Lo curioso es que a ninguno de estos convencionales se le ocurrió exigir la apertura de cuentas bancarias y declaraciones de impuestos. Ahí no.
Ya. Chao mejor.