Día 157: Justicia obliga a Rojas Vade a entregar fichas clínicas y transparentar cuentas bancarias
Asimismo, hay tensión en el colectivo de escaños reservados por el proceso de participación y consulta. Víctimas de la delincuencia impulsan su propia propuesta popular de norma.
Rodrigo Rojas Vade tendrá que entregar sus fichas médicas y transparentar sus cuentas bancarias. Así lo decidió Carla Capello, titular del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, en el marco de la investigación que lleva la Fiscalía Centro Norte por los delitos de estafa y perjurio, causa que se abrió luego de que el “enfermo imaginario” reconociera que nunca en su vida había sufrido cáncer.
“Hoy día el tribunal ha dado la razón al Ministerio Público, y ha accedido al levantamiento del secreto bancario del señor Rojas Vade a sus cuentas. Además, vamos a tener acceso a las fichas clínicas”, señaló el fiscal Patricio Cooper, quien investiga el bullado caso.
Tomás Ramírez, abogado particular de Rojas Vade, prefirió no dramatizar con la resolución del tribunal ya que “la Físcalía solicitó que se entregaran también las fichas clínicas, a lo que nosotros accedimos sin ningún problema”. Mayor fue la disconformidad sobre el levantamiento del secreto bancario, toda vez que, según Ramírez, “no se cumplían con los requisitos de la Ley General de Bancos”.
“Sin embargo el tribunal ordenó su entrega, por lo tanto la investigación seguirá su curso, tanto respecto de la información bancaria y de salud, como todas las otras diligencias que se encuentran pendientes”, agregó.
Se tensan las relaciones dentro de escaños reservados
Esta pelea se viene agrandando desde hace varios días. Recapitulemos: en un primer término, la Coordinación de la Comisión de Derechos de los Pueblos Indígenas y Plurinacionalidad redactó un “documento base” con indicaciones que establecían las bases del proceso de participación y consulta.
Sin embargo, surgió una contrapropuesta (una Indicación Sustitutiva Global) que finalmente concitó un apoyo mayor, pero que, según quienes estaban detrás de la primera propuesta, eliminaba el apartado sobre “propuestas de referencias de normas” que contenía el documento original, lo que, dicen algunos, no impulsa un proceso de consulta, sino sólo de simple participación. En suma, la primera propuesta tenía carácter normativo, mientras que los redactores de la contrapropuesta alegaban que el proyecto original artículos normativos de manera previa a la misma Consulta Indígena, lo que podía “orientar” o “influir” indebidamente el proceso. Por tal razón, creen que lo mejor es que esas normas fueran sólo fichas explicativas y hacer preguntas abiertas, de tal modo que los pueblos autóctonos solitos vayan generando sus respuestas de manera espontánea y no dirigida.
Hoy se terminaron de rechazar las últimas indicaciones que quedaban de la propuesta original que podían ser compatibles con la contrapropuesta ganadora, y ello tiene a varios convencionales con una fuerte sensación de malestar. “Que quede en acta que no participé del documento que ustedes aprobaron”, criticó la machi Francisca Linconao, quien se quejó amargamente de que “cambiaron todos los documentos. Pido la renuncia de la secretaria (abogada de la comisión) Daniela Abarzúa, porque nosotros no estamos conformes”.
La convencional Natividad Llanquileo comentó que “esas propuestas referenciales de normas que propusimos no las inventamos nosotras, sino que eran simplemente los derechos de la Declaración de Naciones Unidas, la Declaración Americana de Derechos de Los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la OIT, adecuadas a nuestra realidad”.
“Las comunidades pueden siempre modificarlas, especificarlas en su realidad, sustituirlas por otras redactadas por ellos, o bien, ratificarlas. Nunca fueron normas cerradas como defendían los promotores de la indicación aprobada, sino orientaciones para ayudar en la técnica legislativa, porque para que existan derechos y no meras declaraciones, debe haber reconocimiento del derecho, más obligaciones para el Estado y más mecanismos para exigir el cumplimiento”, agregó.
Elisa Loncon, quien está a favor de la contrapropuesta ganadora, reconoció que la división “debilita el proceso”. No obstante, sostuvo que “aquí no está nadie excluido, todos estamos en igualdad de condiciones y no me gustaría que salieran diciendo que tales convencionales renuncian a sus derechos... Eso no es verdad, eso es desinformación”.
Ahora comenzó el proceso de Consulta Indígena y la Secretaría Técnica debe proponer un mecanismo específico y un cronograma, así como realizar un cálculo respecto del dinero que se necesitará para su realización.
Víctimas de la delincuencia impulsan su propia propuesta
Detrás de ella están Raúl Moya, padre de la niña Tamara Moya, quien fuera asesinada en un intento de encerrona; Dayanne Pereira, viuda del cabo Naín, quien fuera ultimado en Padre Las Casas; y Andrea Lobos, viuda de un repartidor asesinado en Lo Espejo.
La norma constitucional propuesta se llama “Primero Las Víctimas”. Y ésta indica que “es un deber del Estado garantizar la seguridad ciudadana a través de los órganos encargados de ello, regulados por ley”. Pero va más allá, toda vez que el Estado “será responsable de resarcir todos los daños y perjuicios que experimenten las personas afectadas por la vulneración de su derecho a la seguridad ciudadana”.
Con esto terminamos. ¡Hasta el lunes!